En España hay un problema. Y no es otro que el que los cargos supremos estén ocupados aún por personas que viven anclados en el pasado, en la época en la que nadie tosía sin que el dictador lo permitiese.
Y es que en este país no se juzga a los asesinos, sino que se juzga a quienes los persiguen. Garzón, con su intento de dar ubicación a las víctimas del franquismo, está en problemas con el Tribunal Supremo, donde se encuentra la gran mayoría de esta gente, digamos, atrapada en el pasado. Y encima, si alguien la apoya, también le meten en el saco. Es lo que ha pasado con el alcalde de Ferrol.
Es increíble que en pleno siglo XXI se sigan tapando y dejando impunes las acciones de los asesinos franquistas. Ya es hora de una renovación completa en estos cargos, que permitan que se desbloquee el tema y que, de una vez por todas, dé sepultura a los republicanos caídos. Franco murió hace 35 años, pero más de uno parece que aún lo conserva en formol, en cuanto que siguen defendiendo lo indefendible.
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